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Cualquier intervención administrativa basada, bien en la inacción o en la mera prohibición, bien en la liberalización excesiva irresponsable, está abocada al fracaso y generará graves perjuicios socio-económicos de los que debemos advertir para prevenirlos.

Una respuesta institucional centrada en la oposición frontal, mantenida en el tiempo, no solo no serviría para contener el impulso y la consolidación del fenómeno, si no que nos acabaría abocando a una pérdida de control fáctica del sector por parte de los organismos reguladores, y con él:

1. A un claro deterioro de las ya precarias condiciones socio-laborales.
2. A un desmoronamiento del estado de derecho y de la autoridad institucional, administrativa y policial.
3. Al desmantelamiento de sectores enteros y de sus categorías profesionales.

A unos efectos parecidos conduciría una estrategia de apertura ilimitada del sector. Este supuesto únicamente se diferenciaría del primero en que el resultado al que se llegaría supondría de hecho el reconocimiento legal de formas de competencia desleal que no aportan nada ni al sector ni al ciudadano.

Así pues, parece inevitable explorar terceras vías que permitan una apertura limitada, ordenada y consensuada del mercado. Una actitud dialogante y abierta a la integración de nuevas formas de negocio redundará en favor de la confianza en los hoy deteriorados pilares jurídico-institucionales. La Ley y las instituciones, a la altura de las circunstancias.

Gobernanza en España.

Está demostrado que los colectivos, sectores, sociedades en general, con escasa o pobre capacidad de adaptación a las circunstancias de cada momento, pagan un precio en términos de retraso competitivo frente a países o sociedades más eficaces en sus procesos de adaptación normativa e integración de soluciones disruptivas. Este aspecto remite al tema de la Gobernanza política y a los factores determinantes de su calidad, por lo que merece ser tratado en capítulo aparte.

Llegados a este punto, considero importante vincular las posibles respuestas institucionales o administrativas a un comentario sobre la calidad de la gobernanza en España.

Vaya por delante mi desconfianza en la capacidad de nuestro entramado político-institucional para anticiparse a un nuevo entorno disruptivo que habrá que incorporar a través de una adaptación normativa.

Considero que el país en general, sus mercados y sus instituciones, en particular, jamás han disfrutado de una auténtica soberanía regulatoria, si no que esta ha estado tradicionalmente secuestrada por intereses digamos que de rango o naturaleza “superior”.

De acuerdo con esta especie de servidumbre histórica, las soluciones a esta nueva situación continuarán llegando de allende nuestras fronteras, limitándose el papel de las autoridades nacionales de cada país miembro a la adopción y aplicación de los nuevos marcos normativos impuestos por las instancias, políticas, administrativas y judiciales, de la UE.

Frente común del Gobierno -Ministerio de Fomento- y de la Generalitat de Catalunya. Papel de la CNMC.

Lamentablemente para aquellos que pensamos que la competencia bien entendida redunda en beneficio de las sociedades que la estimulan, las posiciones mantenidas por los gobiernos español y catalán, en lo relativo a su voluntad integradora, han sido coincidentes en la priorización de intereses corporativos. Esta coincidencia ilustra la realidad según la que aquello que las aspiraciones independentistas separa, lo recompone la defensa de intereses particulares comunes.

Durante esta primera fase de aproximación institucional a fórmulas disruptivas de negocio, merece la pena destacar los esfuerzos realizados por la CNMC, la cual se ha erigido en la principal y más convencida institución del Estado en la defensa de posiciones contrarias a las mantenidas por el Gobierno y en favor de una mayor liberalización. Este organismo fue reorganizado en 2013 con la finalidad de combatir con mayor eficacia las disfunciones propias de la particular economía de libre mercado española.