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Presentar como conflicto aquello que son meras situaciones o hechos que, en tanto que tales, no se pueden ni ignorar ni reprimir, acostumbra a generar, entonces sí, auténticos problemas. De tal manera, caeríamos en un error si consideráramos a Uber, la plataforma de contratación de vehículo y conductor particulares, como un problema cuando lo que plantea es una nueva situación.

Los hechos y las situaciones son condición necesaria para que efectivamente aparezca un problema, entendiendo problema como un empeoramiento de la situación de partida. El problema aquí lo llamaríamos riesgo de “Uberización”. Este concepto haría referencia al deterioro que provocaría en las condiciones socio-laborales en particular y en el sector del transporte de viajeros, en general.

La naturaleza emblemática del sector del transporte de viajeros en nuestras sociedades le otorga históricamente una cierta capacidad anticipatoria de tendencias regulatorias. Por esta razón, considero que el riesgo de uberización en el sector del transporte de viajeros sentaría un precedente que situaría a la administración y a la sociedad por ella representada ante un fenómeno de auténtica “Uberización Social” generalizada, la cual dibuja un escenario claramente decadente. Como ciudadano, confío en no tener que sufrir sus consecuencias.

De qué depende evitarlo? De la respuesta jurídico-administrativa que las administraciones sepan encontrar. Si en la nueva situación (Uber) aparece como condición necesaria pero no suficiente para caer en la Uberización, de la respuesta que las administraciones sean capaces de articular dependerá la evitación o no del proceso de deterioro.

Una respuesta inapropiada, por parte del Gobierno, hacia las nuevas formas disruptivas de negocio, vendría representada tanto en forma de:

1. Prohición total, como de
2. Liberalización salvaje a cualquier forma disruptiva

Por el contrario, una respuesta acorde con la diligencia que exige la situación podría llegar a través de una liberalización quirúrgica que operara sobre la base de formas de reconocimiento legislativo revelador de una predisposición hacia una nueva cultura y de una voluntad inequívoca de integración mutua.

En conclusión, considero que la responsabilidad final de un resultado u otro recae inevitablemente en la Administración, que es quien tiene la llave para una resolución que favorezca, bien al interés general y al del consumidor, bien a los de aquellos a los que se somete.